Washington, 2 sep (Prensa Latina) La administración de Donald Trump anunció hoy sanciones contra altos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI), una entidad que investiga presuntos crímenes de guerra del personal estadounidense en Afganistán.
Según dio a conocer el secretario de Estado, Mike Pompeo, la medida afectará a la fiscal jefa de la CPI, Fatou Bensouda, a quien Washington ya le había retirado la visa de entrada a Estados Unidos en 2019; y a Phakiso Mochochoko, el jefe de la División de Jurisdicción del tribunal.
En 2017, Bensouda solicitó permiso a la corte para abrir una investigación formal sobre presuntos crímenes de guerra en Afganistán, incluidas acusaciones contra tropas estadounidenses, después de haber realizado una indagación preliminar desde 2006.
La CPI autorizó la pesquisa en marzo pasado, lo cual provocó la ira del gobierno del republicano, que también ha criticado al organismo por una investigación preliminar en curso sobre presuntos crímenes de guerra en los territorios palestinos, incluida la política de asentamientos de Israel.
El anuncio de este miércoles tiene lugar después de que en junio último Trump firmó una orden ejecutiva para autorizar la imposición de sanciones y restricciones de visas adicionales contra funcionarios del tribunal con sede en La Haya, Países Bajos.
Según lo establecido en esa orden, podrían estar sujetos a castigos quienes hayan participado directamente en cualquier esfuerzo de la CPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a personal norteamericano sin el consentimiento de Estados Unidos.
La controvertida medida, vista como otra obstrucción por parte de Washington al trabajo de la entidad, también puede afectar a cualquier persona que «haya intentado lo mismo contra un aliado de Estados Unidos sin el consentimiento de ese país».
En una conferencia de prensa ofrecida este miércoles, Pompeo reiteró que su nación nunca ha ratificado el Estatuto de Roma, el instrumento mediante el cual se constituyó la CPI, y añadió que no tolerarán «los intentos ilegítimos de someter a los estadounidenses a su jurisdicción».
Medios norteamericanos señalan que, aunque Estados Unidos no es parte de la corte, los crímenes habrían sido cometidos en territorio de Afganistán, un país signatario del documento fundacional, lo que otorga jurisdicción al tribunal independientemente de la nacionalidad de los acusados.
El anuncio de sanciones de la administración Trump contra la fiscal de la CPI expone la falacia del compromiso declarado de la Casa Blanca con el estado de derecho y socavará aún más el liderazgo de Estados Unidos en la justicia internacional, expresó hoy el senador demócrata Patrick Leahy al criticar la medida.